PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD SOBRE LA COYUNTURA NACIONAL
Las y los consejerxs directivxs de la FaHCE queremos compartir con toda la comunidad de la Facultad una caracterización y preocupación sobre la situación que atraviesa nuestro país y que se refleja de manera específica en universidades públicas como la nuestra. Para ello hemos producido este documento con la intención de promover la conversación y el intercambio en este momento de tanta incertidumbre.
Desde la asunción del gobierno de Javier Milei atravesamos una crisis inédita que ha acelerado el deterioro de las condiciones de vida de la población, en especial de los sectores más vulnerables de la sociedad. La inflación, que ya acumulaba un largo período de ascenso constante, se ha disparado desde diciembre de 2023 sumando en solo dos meses más del 46%. Este incremento ha impactado particularmente en los trabajadores de la economía formal e informal que no han tenido una recomposición de ingresos que se aproxime mínimamente a estos índices.
La pérdida del poder adquisitivo del salario se profundizó, además, con la liberación de precios del transporte, el combustible, las tarifas, los alquileres y los medicamentos. Todo esto ha producido el incremento de la pobreza y la indigencia mientras que los programas de asistencia o protección social existentes no resultan suficientes para atender las crecientes necesidades de los sectores más vulnerables. Incluso, durante los meses de enero y febrero el gobierno nacional produjo recortes profundos en los propios programas sociales. Basta con el ejemplo de la situación de los comedores populares que se ha vuelto crítica por el recorte de los recursos que provenían del Estado nacional, a tal punto que muchos se han visto forzados a cerrar, entre ellos varios comedores con los que vienen trabajando equipos de extensión de nuestra Facultad.
Esta política económica francamente regresiva se ha visto sostenida y complementada con una ofensiva represiva cada vez más intensa que busca amedrentar y limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Además, el gobierno ha recurrido a la difamación, la amenaza y la persecución simbólica, como puede verse en la proclamada intención de desmantelamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en toda la administración pública nacional, o en los ataques y expresiones violentas vertidas en las redes, destinadas a opositores y militantes sociales.
En el plano político, el Poder Ejecutivo Nacional ha sostenido iniciativas que buscan deslegitimar las instancias representativas como el Congreso Nacional o los ejecutivos provinciales. El discurso “anti-política” se ha esgrimido con frecuencia como argumento para desconocer o relativizar la necesidad de producir acuerdos, mediante el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU), los recortes de fondos a las provincias o la deslegitimación de cualquier demanda vinculada a derechos adquiridos. Frente a estas situaciones resulta preocupante la extrema fragilidad de los mecanismos institucionales para limitar estos embates autoritarios, antipopulares, y en algunos casos en explícita contradicción con las leyes y la Constitución.
Estas políticas son parte de una ofensiva no solo dirigida a recortar recursos sino también a desarticular los lazos sociales. Pretenden una refundación de la Argentina a través de un ataque a lo público que invisibiliza el aumento de la concentración de la riqueza entre los sectores más poderosos de la sociedad. La retórica que apela a la necesidad del esfuerzo y el sufrimiento de los argentinos para afrontar tiempos difíciles oculta el otorgamiento de nuevos privilegios y mayores beneficios económicos a las compañías energéticas, el sistema financiero, la medicina prepaga, los grandes propietarios rurales e inmobiliarios, las cámaras productoras de alimentos, las grandes corporaciones mediáticas, entre otros.
En este contexto, la educación pública y el sistema universitario resultan afectados por ataques específicos. La decisión del gobierno de no tratar un proyecto de presupuesto para el año 2024 en el Congreso, implicó la prórroga del presupuesto del año 2023 y el destino discrecional de las partidas y los fondos comprometidos. Con esas condiciones, el gobierno nacional está produciendo un desfinanciamiento de la educación y del sistema científico que no registra antecedentes en la historia reciente. Ejemplos de esto son la suspensión de paritarias docentes a nivel nacional (garantizadas en el artículo décimo de la Ley de Financiamiento Educativo); así como el embate contra los organismos de Ciencia y Tecnología (Agencia, Conicet, Institutos), que ven recortados sus recursos y programas (becas, promociones, subsidios) de manera sustancial.
En las universidades nacionales, en particular, a esto se agrega que, hasta el momento, el presupuesto para gastos de funcionamiento se ha mantenido congelado a los valores de enero y febrero del año 2023, lo que implica un atraso real de más del 200%. Esto dio lugar a una reciente declaración del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtiendo sobre la gravedad de la situación y solicitando su urgente rectificación, así como a otras declaraciones que han visibilizado que las necesidades presupuestarias de la UUNN equivalen, por ejemplo, a las exenciones impositivas recibidas por una sola empresa, como Mercado Libre.
En estas condiciones nuestra Facultad está iniciando un nuevo ciclo lectivo en un estado de incertidumbre que afecta seriamente la planificación a mediano plazo y dificulta el desarrollo de las actividades habituales. Con mucho esfuerzo hemos podido sostener los cursos de ingreso, las cursadas de verano, la organización para el inicio del primer cuatrimestre y seguimos trabajando en un contexto donde las decisiones deben ser tomadas día a día a la espera de mayores certezas.
Sabemos que este contexto de incertidumbre afecta profundamente también a lxs estudiantes que sufren el aumento de las tarifas, el transporte y los alquileres, a lo que se agrega la imprevisibilidad que generan estos incrementos y la incertidumbre acerca de la continuidad de programas como las becas PROGRESAR. En consecuencia, resulta cada vez más difícil para nuestrxs estudiantes garantizar las condiciones materiales necesarias para sostener sus trayectorias académicas.
Las pretensiones refundacionales que sostienen estas políticas de redistribución regresiva de la riqueza y de destrucción de lo público no son nuevas. Tanto la última dictadura como los gobiernos neoliberales tuvieron el objetivo de destruir los lazos sociales y las construcciones históricas de la comunidad, desmantelando las bases de una economía orientada al mercado interno, achicando el Estado, recortando las políticas sociales, debilitando el sistema educativo y de salud pública e intentando desarticular las formas asociativas propias de una democracia no solo formal sino más sustantiva.
Como comunidad educativa hemos enfrentado esos otros momentos difíciles. Siempre hemos apostado por la confluencia amplia con otros sectores y hemos acumulado una experiencia de resistencia y lucha que hoy debe ponerse en diálogo con las miradas, las sensibilidades y los saberes de las nuevas generaciones.
En cada una de estas coyunturas hemos defendido a la Universidad pública y gratuita como un eslabón fundamental en el desarrollo de un proyecto democrático e inclusivo, que desde sus múltiples intervenciones busca llegar a amplios sectores de la sociedad, combatiendo la discriminación, apostando a la formación de profesionales comprometidos y de excelencia, a la producción de conocimiento crítico, y a la articulación con los territorios y sus problemas cotidianos. Todos los días los docentes, nodocentes, graduadxs y estudiantes sostenemos este proyecto con nuestro trabajo en las aulas, en los equipos de extensión, en los ámbitos de investigación, en las actividades extracurriculares, en nuestras conversaciones y actividades cotidianas y en el modo de habitar nuestro espacio común.
Por todo ello, creemos que sólo fortaleciendo nuestros acuerdos colectivos podremos combatir el desánimo y el aislamiento, definir estrategias de lucha eficaces y evitar un catastrofismo que nos paralice.
En este escenario de tanta incertidumbre, pensamos que es fundamental evitar la fragmentación. Por eso nos comprometemos a sostener y profundizar los canales de comunicación y organización para mantenernos informados y pensar juntxs cómo seguir transitando estos momentos difíciles.